ENTREVISTA A MARINA GUERRERO

Abogada

Acoso sexual

Violencia Género

Código Penal

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El derecho penal es la manera en la que el culpable es castigado por el Estado y el derecho civil es la manera en la que el culpable indemniza a la víctima. Otro concepto a aclarar es el de “multa”, cuando se dice que una multa puede ser de X meses, nos referimos a que el culpable deberá pagar una cantidad de dinero diariamente durante un tiempo concreto. 

El delito de abuso sexual consiste en acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento y sin violencia física. Los menores de edad, las personas con diversidad funcional y las personas que están bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas no pueden dar su consentimiento y no están en condiciones de autorizar esa actividad sexual. La condena es de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses, salvo que se produzca acceso carnal (ya sea vía vaginal, anal o bucal), en cuyo caso, la mínima sería de 4 años de cárcel y la máxima, de diez.

En cuanto a la agresión sexual, consiste en acceder al cuerpo de la otra persona para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento, atentando contra la libertad de una persona y mediante la violencia o intimidación. La condena va de uno a cinco años de prisión. Si en ese atentado hay acceso carnal (es decir, acceso vaginal, anal o bucal), la pena que prevé el Código Penal será superior, fijándose entre 6 y 12 años de prisión.

Por otra parte, el delito de acoso sexual consiste también en solicitar favores de naturaleza sexual a una persona que lo está rechazando. La víctima puede ser tanto mayor como menor de edad y el delito puede darse de forma puntual o continuada en el tiempo. La condición es que tenga lugar en el ámbito de las relaciones laborales, en la prestación de servicios o en el ámbito de la docencia. Otro de los requisitos es que se genere una situación para la víctima gravemente intimidatoria, hostil y humillante. La pena será de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. Así mismo, cuando el culpable de acoso sexual se prevalezca de una situación de superioridad laboral (por ser tu jefe), docente (por ser tu profesor) o jerárquica en general (es decir, estés bajo las “órdenes” de esa persona), y expresamente la solicitud de favores sexuales se base en anunciar a la víctima que va a causarle un mal en relación a las expectativas que tenga en el ámbito laboral o docente, la pena será mayor, siendo una pena de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.

Hay la posibilidad de que haya una SUSPENSIÓN de la EJECUCIÓN de la PENA pero con los requisitos de pagar la Responsabilidad Civil, no haber delinquido y no volver a delinquir. Esta posibilidad de suspensión existe, pero depende del Tribunal.

La violencia doméstica también llamada violencia intrafamiliar es la que se produce entre miembros del núcleo familiar con previa convivencia, pudiendo ser víctimas tanto hombres como mujeres. Su referente jurídico se encuentra en el artículo 173.2 del Código Penal, y se traduce como la violencia ejercida por la persona agresora sobre los descendientes, ascendiente, hermanos, cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Es decir, por violencia doméstica debe entenderse toda aquella violencia que ocurre en el ámbito familiar sin que sea necesario para que se dé el tipo delictivo, que la violencia sea del hombre hacia la mujer, bastando en este caso, una violencia ejercida de una madre a una hija, de un hijo a un padre, o entre hermanos, siempre que convivan en el mismo domicilio. Para dicha violencia doméstica en el ámbito del hogar, el Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor, se prevé también una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de uno a cinco años. Se impondrán penas más graves cuando alguno de los actos de violencia se lleven a cabo en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima. Se deja, por tanto, fuera del ámbito de este tipo de violencia a las personas ofendidas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal, que hace referencia a la violencia de género propiamente dicha.

La violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca, ya sea en el hogar, en la calle o en cualquier otro lugar. Insistimos en que es una violencia que afecta única y exclusivamente a la mujer, por el hecho DE SER MUJER. En 2004 se aprobó una Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género donde se estableció la definición de Violencia de Género como aquel acto de violencia que, en base a una clara discriminación y desigualdad se ejerce sobre la mujer, por parte del HOMBRE que sea o haya sido su cónyuge, es decir, su marido o simplemente su pareja aun sin convivencia. Esta violencia debe tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de estos actos, es decir, que el mero hecho amenazar a la mujer de agredirla física o psicológicamente ya estaría dentro de lo que se denomina VIOLENCIA DE GÉNERO. La pena para este delito es una pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 81 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. Las penas previstas serán todavía más graves cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o cuando se haga quebrantando una pena impuesta, como sería por ejemplo cuando este delito se lleve a cabo teniendo el hombre impuesta una orden de alejamiento.


Cabe tener en cuenta que este delito de violencia de género y las penas que lleva aparejadas, son una pena más al delito de fondo que se esté llevando a cabo, es decir, que estas penas de prisión de 6 meses a 1 año que acabamos de ver, son un añadido a la pena principal que se le va a imponer al acusado. Por ejemplo, si se ha causado una lesión grave a la mujer tras una agresión física ejercida por el hombre, a este se le impondrán las penas previstas para la lesión física propiamente dicha (que va de 3 meses a 3 años de prisión), y a parte se le sumará a dicha pena, la pena relativa a la violencia de género. Así, si por ejemplo por las lesiones físicas le correspondiese una pena de 3 años de prisión, al ser estas lesiones derivadas de violencia de género, se le sumarán a los 3 años, por ejemplo, 1 año más por haber sido la lesión objeto de violencia de género.

Por otro lado, el tipo penal habla de que para que exista esta violencia de género, el hombre y la mujer tienen que haber sido, cónyuges, es decir, marido y mujer, o haber tenido una “relación de análoga afectividad”. Y este concepto es importante entenderlo para saber si podemos denunciar o no por este delito, pues es importante saber dónde termina una simple amistad y dónde empieza una “relación de pareja” o una relación “afectiva”. A dicho respecto la jurisprudencia (que es todas las Sentencias dictadas por los Jueces de los tribunales más importantes de nuestro país) establece que debe ser una relación que vaya más allá de la mera amistad.

Hay varias opiniones entre los Tribunales respecto de qué se considera por una relación de pareja, siendo que por ejemplo algunos Tribunales han establecido que una relación de pareja es una relación en la que se hayan mantenido relaciones sexuales como mínimo durante un año, a otros Tribunales, les basta con que la relación haya tenido una cierta duración y vocación de permanencia (es decir, que la idea o intención siempre haya sido estar juntos de forma permanente y no ocasional), mientras que otros Tribunales exigen incluso que exista una cierta FIDELIDAD en la pareja y que vaya más allá de una relación de simple amistad, quedando por lo tanto excluidos, y esto es muy importante, aquellos encuentros amistosos o meramente esporádicos aún que sean de contenido sexual.

De este modo, según el criterio de algunos tribunales, no sería en ningún caso un delito de Violencia de Género, aquellas agresiones que se producen tras una mera relación sexual entre agresor y víctima, es decir, entre hombre y mujer. Será pues IMPRESCINDIBLE que ambas partes, el hombre y la mujer, tengan una relación de pareja propiamente dicha para que exista un delito de violencia de género.

En muchas ocasiones nos encontramos que en los delitos de Violencia de Género no tenemos testigo de ningún tipo, siendo que la única prueba que tenemos para acreditar que la agresión ha sucedido, es únicamente la declaración de la víctima. Pero para que la declaración de la víctima constituya prueba de cargo en el juicio suficiente como para desvirtuar el principio de presunción de inocencia del acusado, tienen que reunirse unos requisitos concretos que exige la doctrina y la jurisprudencia que veremos a continuación.

En este sentido, cabe partir de que uno de los principios generales del derecho penal es la presunción de inocencia conocida por todo el mundo: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y para demostrar “lo contrario”, es decir, para demostrar que somos culpables, deben cumplirse unos requisitos mínimos en la declaración de la víctima, pues siempre en cualquier asunto penal resulta imprescindible que existan unos testigos que corroboren lo que ha sucedido, pero en temas de violencia de género resulta siempre realmente complicado que haya unos testigos, ya que suele ocurrir en el ámbito del hogar o en lugares donde únicamente se encuentran el agresor y la víctima sin existir testigo alguno. Es por ello que se concede a la víctima una fuerza superior en su declaración, pudiendo llegar a ser suficiente para condenar al acusado la mera declaración de lo ocurrido dada por la víctima.

Para que esta declaración sea suficiente deben darse los siguientes requisitos:

1º.- AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA POR PARTE DE LA VÍCTIMA
Esto significa que la declaración de la víctima debe ser plenamente creíble atendiendo a sus características o sus circunstancias personales. En este caso deberemos valorar dos circunstancias:
a) Las propias características físicas y psicológicas de la víctima permitan apreciar un grado importante de desarrollo y madurez, y que no existan trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción que hagan que decaiga esta credibilidad que se le puede dar a la víctima.
b) No deberá existir resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento u otros tipos de interés de la víctima frente a su agresor, ya que esto privaría la declaración de la víctima de la aptitud necesaria para tenerse por ciertos los hechos que declara.

2º.- VEROSIMILITUD:
Esto supondrá que la declaración de la víctima como testigo de los hechos deberá ser extremadamente verosímil y tan lógica y posible como para llegar a convencer al juez de que esos hechos han sucedido. Es decir:
La declaración de la víctima tendrá que ser lógica y verosímil en sí misma (que sea posible que haya sucedido y no meras declaraciones de unos hechos imposibles de suceder: por ejemplo imaginemos que una víctima declara que los hechos sucedieron por la noche y en la policía declara que los hechos sucedieron a la hora de comer, esta contradicción llevaría a la conclusión de que hay algo que no acaba de ser cierto)

La declaración de la víctima tendrá que llevar aparejada una corroboración objetiva de los hechos; es decir, que además de la declaración de la víctima exista algún dato objetivo tales como huellas, imágenes, el objeto con el que causó los daños, un informe médico que acredite la existencia de las lesiones, etc., salvo que el propio hecho no deje huellas de ningún tipo o no exista prueba material alguna de los hechos, en cuyo caso no será necesario.

3º.- PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN:
Esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues debemos tener en cuenta que la declaración de la víctima es la única prueba que existirá en el procedimiento penal frente a la negativa del acusado de haber cometido los hechos, pues tendremos a una víctima diciendo que sí han sucedido, y aun acusado negándolo todo, proclamando su inocencia.

Esta persistencia en la incriminación implicará que la víctima, desde un inicio, desde que declara en dependencias policiales, hasta que luego declara en el Juzgado, siempre mantenga la misma versión y sostenga reiteradamente que padeció una agresión y una violencia por parte del acusado.

LA DIFICULTAD DEL JUICIO PARA LA VÍCTIMA
En definitiva, cabe decir que el cumplimiento de todos estos requisitos en ocasiones son realmente complicados de cumplir, pues si bien es cierto que exigimos a la víctima que mantenga una misma versión durante la tramitación de un procedimiento penal, que tenga siempre una declaración lógica y verosímil…, cabe decir que la mayoría de víctimas de violencia de género, padecen tras las agresiones sufridas por su pareja o expareja, una situación de estrés, ansiedad, y unas dificultades muy grandes para concentrarse y declarar de la forma más exacta posible la ocurrencia de los hechos, y ello conlleva en muchas ocasiones que se vicien estos requisitos, pues es más habitual de lo que se piensa, que una víctima pueda incurrir en un error o pueda no recordar hechos concretos de la agresión tras esa ansiedad o estrés postraumático que puede padecer tras los hechos, de modo que en muchas ocasiones, esa inexactitud en la declaración, puede conllevar irremediablemente una Sentencia absolutoria del acusado.